Paramaribo, la capital de Surinam, fue el escenario de las protestas por el alto costo de la vida y en rechazo a la nueva ley electoral, que de acuerdo con los manifestantes atenta contra los derechos humanos, además su pedido de renuncia del presidente Chan Santokhi.

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Acusaron a la administración de Santokhi de intentar posponer las elecciones generales de 2025, que no pueden organizarse hasta que los legisladores modifiquen una ley electoral según lo exigido por un fallo judicial del año pasado que busca crear un sistema de votación más justo.

La manifestación se realizó en la Plaza de la Independencia en el centro de la capital, cerca del Palacio Presidencial, en contra de la ley electoral de Surinam. 

En agosto del año pasado resultó que la ley era contraria a la constitución y los tratados internacionales, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

El gabinete quiere presentar una nueva ley electoral a más tardar este año, demasiado tarde, según los manifestantes.

A principios de esta semana, el Gobierno creó un comité que presentó dos propuestas para enmendar la ley electoral y Santokhi dijo que el proyecto de ley se presentaría a los legisladores dentro de dos meses.

Pero los activistas exigen que la ley se apruebe dentro de una semana, aunque el presidente de la Asamblea Nacional de Surinam advirtió el jueves que ese tiempo no será suficiente.

Cuatro líderes de la protesta presentaron en la mañana de este viernes un borrador de una nueva ley electoral al presidente del parlamento, Marinus Bee.

Estas son las primeras protestas desde el 17 de febrero, cuando los manifestantes exigieron la renuncia del presidente Chan Santokhi. Ese día, miles de personas se concentraron en la Plaza Independencia y también en la Asamblea Nacional.

Los pedidos de renuncia de Santokhi se producen luego que el presidente firmó el año pasado un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por 690 millones de dólares.

Surinam no solo está en una crisis política, sino que también ha estado en una recesión económica durante años. 

La tasa de inflación promedio fue del 52,4 por ciento en 2022 y del 59,1 por ciento el año anterior. Para ayudar al país a salir de la emergencia, el presidente Santokhi hizo un arreglo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). 

Ante una crisis de liquidez y una economía en contracción, Santokhi finalmente cedió a la presión del FMI y anunció formalmente el 18 de febrero que implementaría los recortes para acceder a los fondos restantes del préstamo.

Esa decisión resultó ser impopular y desencadenó las protestas del mes pasado, en las que los manifestantes incendiaron tiendas y automóviles durante la marcha hacia la Asamblea Nacional   en medio de saqueos generalizados por parte de un grupo de manifestantes.

Los recortes presupuestarios impulsados ​​por la austeridad también provocaron tensiones dentro del Gobierno, lo que provocó que un partido menor en la coalición gobernante se retirara, citando desacuerdos sobre los recortes a los subsidios para servicios públicos y otros productos básicos.
 

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